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Nuevo Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Bancos: 10 cambios clave en supervisión bancaria que los bancos deben conocer por Danilo Icaza
Estimados clientes y contactos del sector financiero,
El 19 de agosto de 2026, mediante el Octavo Suplemento del Registro Oficial No. 350, se publicó la Resolución No. SB-2026-02293, suscrita el 23 de julio de 2026 por el Superintendente de Bancos, mediante la cual se expide el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Bancos. Esta resolución deroga en su totalidad la Resolución No. SB-2017-893 de 16 de octubre de 2017 y todas sus reformas, entre ellas las expedidas en febrero y junio de 2026, que hasta entonces regían la organización y el funcionamiento del ente de control.
A continuación, resumimos para bancos y demás entidades del sistema financiero, las diez diferencias más relevantes entre el estatuto derogado y el nuevo, con énfasis en su impacto sobre la supervisión bancaria.
1. Supervisión bancaria unificada bajo una sola Intendencia
El nuevo Estatuto crea la “Gestión Bancaria” a cargo de una única Intendencia Nacional Bancaria, que asume el control tanto de la banca privada como de la banca pública y de los grupos financieros, con cinco Direcciones Nacionales (Bancos I a IV y Banca V “Pública”). El estatuto anterior mantenía dos intendencias separadas, una para el sector financiero privado y otra para el sector financiero público, cada una con sus propias direcciones. Para los bancos, esto implica un solo interlocutor técnico y una cadena de mando unificada para toda decisión de supervisión, control y régimen sancionador.
2. La red de seguridad financiera pasa a ser función expresa de la supervisión bancaria
Por primera vez, el Estatuto asigna de forma expresa a la Intendencia Nacional Bancaria la evaluación integral del Fideicomiso del Seguro de Depósitos y del Fondo de Liquidez del sector financiero privado, así como el control del Sistema de Garantía Crediticia. El régimen de 2017 no desarrollaba estas funciones dentro de la estructura por procesos. Los bancos deben anticipar mayor articulación entre su supervisor prudencial y los mecanismos de seguro de depósitos y liquidez del sistema.
3. Se introduce formalmente la “resolución bancaria”
La nueva Subdirección Nacional de Riesgos Financieros y Resolución Bancaria tiene la atribución expresa de proponer, dirigir y monitorear procesos de resolución bancaria y de evaluar la viabilidad de los planes de resolución de las entidades. Se trata de una figura ausente en el estatuto de 2017, alineada con estándares internacionales de manejo de crisis bancarias (planes de recuperación y resolución). Es previsible que la Superintendencia de Bancos empiece a requerir a los bancos información y planes de resolución como parte de su supervisión ordinaria.
4. Potestad sancionadora descentralizada en cada unidad de control
En el nuevo Estatuto, cada Intendencia y Dirección Nacional de supervisión (Gestión Bancaria, Riesgos, Servicios Auxiliares, Fondos Previsionales, Seguridad Social, etc.) tiene la atribución directa de “emitir la resolución de inicio del procedimiento administrativo sancionador” dentro de su ámbito. En el estatuto de 2017 esta facultad estaba más concentrada en la Gestión Técnica (Intendencia General), sobre la base de los informes de las áreas de control. La descentralización agiliza el inicio de procesos sancionadores contra las entidades controladas, incluidos los bancos.
5. Ciberseguridad y riesgos tecnológicos como área diferenciada
Se crea la Gestión de Control de Riesgos No Financieros y Ciberseguridad, con atribuciones expresas para evaluar riesgos tecnológicos y cibernéticos, monitorear indicadores de riesgo (KRI) y gestionar incidentes, además de una Dirección de Seguridad Informática y un Comité de Seguridad de la Información a nivel institucional. El estatuto anterior solo contemplaba una genérica “Gestión de Riesgos Operativos”. Refleja la Ley Orgánica de Transformación Digital y el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI), y anticipa mayores exigencias de ciberseguridad para los bancos supervisados.
6. Nueva unidad de Fintech y sandbox regulatorio
Dentro de Servicios Auxiliares y Otros Sujetos Supervisados se crea la Gestión de Fintechs y Sandboxes, con facultades para clasificar a las Fintech por nivel de riesgo, implementar ambientes de prueba regulatorios (sandbox) y coordinar con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Esta unidad no existía en 2017 y responde a la Ley Fintech de 2022. Es relevante para bancos que desarrollen alianzas, inversiones o líneas de negocio con actores Fintech.
7. Se elimina el nivel desconcentrado de Intendencias Regionales
El estatuto de 2017 preveía niveles de gestión desconcentrada con Intendencias Regionales en Guayaquil y Cuenca/Portoviejo, cada una con sus propias direcciones de control bancario regional. El nuevo Estatuto suprime esa estructura y la reemplaza por “equipos operativos multidisciplinarios” en Guayaquil, Portoviejo, Cuenca u otras ciudades, que dependen directamente de las unidades nacionales. Los trámites regionales en curso pasan a ser atendidos por las unidades nacionales competentes. En la práctica, la toma de decisiones de supervisión bancaria se centraliza en Quito.
8. Atribuciones del Superintendente de Bancos más detalladas y explícitas
El nuevo Estatuto detalla 22 atribuciones expresas del Superintendente (artículo 11), incluyendo disponer procesos especiales (intervención, exclusión y transferencia de activos y pasivos, liquidación forzosa), proteger expresamente los intereses de los depositantes y usuarios del sistema financiero, y responder administrativa, civil y penalmente por sus funciones. El estatuto de 2017 remitía de forma genérica al Código Orgánico Monetario y Financiero, sin este desarrollo. Para los bancos, esto ofrece mayor previsibilidad sobre el alcance de las facultades de intervención de la Superintendencia de Bancos.
9. Gobierno corporativo interno formalizado en diez comités institucionales
El artículo 6 del nuevo Estatuto consolida en un solo listado diez comités institucionales, entre ellos el Comité de Supervisión y Control, el Comité Normativo, el Comité de Continuidad del Negocio y el Comité de Protección de Datos Personales. En el estatuto anterior las referencias a comités estaban dispersas en distintas unidades, sin un artículo unificado. Estas instancias colegiadas inciden en cómo se coordinan internamente las decisiones de política de supervisión y normativa que afectan a los bancos.
10. Enfoque explícito hacia una supervisión basada en riesgos, proporcional y con alertas tempranas
Los nuevos objetivos estratégicos institucionales (artículo 5) apuntan a “incrementar la supervisión prudencial y proporcional basada en riesgos”, “disminuir la brecha regulatoria alineándose con estándares internacionales” e “incrementar metodologías de alerta temprana”. El estatuto de 2017 se limitaba a un objetivo general de “efectividad del modelo de supervisión basado en riesgos”, dentro de un esquema de perspectivas de cuadro de mando. Los bancos deben esperar una supervisión más granular, proporcional a su perfil de riesgo, pero también más alertas tempranas y requerimientos de información.
Nuestro equipo de Derecho Bancario y Fintech está a su disposición para revisar el impacto específico de esta reforma en la operación de su institución y acompañarlos en su relacionamiento con la Superintendencia de Bancos.
Nota: Este boletín tiene fines exclusivamente informativos, se basa en el texto de la Resolución No. SB-2026-02293 (Registro Oficial, Octavo Suplemento No. 350 de 19 de agosto de 2026) y de la Resolución No. SB-2017-893 con sus reformas, y no constituye asesoría legal para un caso concreto.