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¿No pagas? No entras: el decreto que cambia las reglas de vivir en un condominio por Jesús Cervantes
A través del Decreto Ejecutivo No. 462, el Presidente Daniel Noboa reformó el Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal. La medida busca fortalecer los mecanismos de cobro de alícuotas y regular las consecuencias por el incumplimiento en el pago de expensas ordinarias y extraordinarias dentro de los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal.
¿Qué significa esto en la práctica?
¿Realmente cambia algo para quienes viven en condominios, conjuntos residenciales o edificios de departamentos?
Entre los cambios mas relevantes se destaca que el decreto les permite a las administraciones limitar el acceso y uso de determinadas áreas, servicios y espacios comunales no indispensables cuando existan deudas por expensas, siempre que esta mora haya sido previamente notificada al copropietario o usuario responsable.
Entre los espacios que podrán restringirse están: piscinas, gimnasios, canchas deportivas, salas de cine, salones comunales, áreas de coworking, zonas húmedas, áreas BBQ, terrazas, parqueaderos comunales no asignados y otros bienes de uso común que se consideren no esenciales.
Sin embargo, cabe preguntarse, ¿Qué pasa con quienes no pueden pagar? ¿Quedan completamente desprotegidos? La respuesta es no. El decreto es enfático en señalar que estas medidas no podrán afectar derechos esenciales. Es decir, no podrá restringirse el ingreso peatonal al inmueble, el acceso a la vivienda, la salida del edificio, el suministro de agua potable, el alcantarillado, los sistemas contra incendios, las rutas de evacuación ni los accesos para personas con discapacidad o servicios de emergencia.
También se establecen nuevos procedimientos para notificar a los morosos, celebrar convenios de pago, emitir liquidaciones de valores pendientes y transparentar el estado de las obligaciones económicas dentro de los condominios. Las administraciones deberán entregar periódicamente a los copropietarios información sobre la recaudación, cartera vencida, convenios de pago y demás datos económicos relacionados con la administración del inmueble.
Bajo este contexto, se recomienda que las administraciones capaciten a su personal, revisen sus reglamentos internos y establezcan procedimientos claros, garantizando el respeto a los derechos de los copropietarios para evitar caer en actuaciones arbitrarias o desproporcionadas.
El decreto entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y deroga toda disposición de igual o menor jerarquía que se oponga a estas reformas.