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Victoria constitucional para el sector camaronero: la Corte anula la tasa ambiental del cantón Arenillas por Andrés Solórzano
En julio de 2023, los abogados José Gabriel Apolo y Andrés Cervantes, en conjunto con el equipo de derecho constitucional de APOLO Abogados, integrado por los abogados Ronny Rodríguez y el autor, presentaron una acción pública de inconstitucionalidad contra la Ordenanza Reformatoria que Regula el Cobro de la Tasa Sobre el Uso y Ocupación de Suelo Urbano y Rural del cantón Arenillas (R.O. 475, 15 de septiembre de 2022).
Dicha ordenanza creaba una tasa por «impacto ambiental» del uso y ocupación del suelo, con tarifas específicas para camaroneras de agua salada (20% del salario básico unificado x hectárea) y agua dulce (40% del salario básico unificado x hectárea).
La demanda de inconstitucionalidad descansó sobre dos ejes principales. El primero, de carácter competencial: el GAD Municipal de Arenillas carecía de autorización para regular materia ambiental, pues nunca obtuvo la acreditación correspondiente ante la autoridad ambiental nacional, incurriendo así en una arrogación de competencias que vulneraba los artículos 226 y 263.4 de la Constitución.
El segundo eje argumentativo fue de naturaleza tributaria: las tarifas fijadas para las camaroneras eran técnica y económicamente injustificadas, desproporcionadas respecto del servicio estatal prestado —que se reducía a una simple revisión documental—, generaban una duplicidad de gravámenes con lo ya cobrado por el MAATE, y establecían una diferencia de trato entre camaroneras de agua dulce y salada sin sustento objetivo alguno, todo lo cual vulneraba los principios de equidad, proporcionalidad, equivalencia, no confiscatoriedad e igualdad reconocidos en los artículos 300 y 323 de la Constitución, así como el derecho a la seguridad jurídica.
Sin embargo, la Corte únicamente resolvió el cargo de incompetencia y, al declararlo fundado, consideró impertinente pronunciarse sobre los cargos tributarios, los cuales quedaron sin análisis de fondo.
La sentencia de la Corte Constitucional estableció claramente que:
- “…para dictar normativa o ejercer actividades de calidad ambiental vinculadas a la prevención o control de la contaminación ambiental, es necesario que un GAD municipal cuente con una autorización expresa otorgada por la Autoridad Ambiental Nacional. En ausencia de esta acreditación, los GAD municipales carecen de competencia material para crear normas o procedimientos para prevenir, evitar, reparar, controlar y/o sancionar la contaminación, así como para realizar una evaluación de impactos, control y/o seguimiento de la contaminación”.
Antes de resolver el fondo del caso, la Corte advirtió que la ordenanza impugnada había sido derogada por una Ordenanza Sustitutiva (R.O. 1531, 10 de abril de 2024). Sin embargo, extendió su análisis por dos razones. En primer lugar, existió unidad normativa (art. 76.9.a LOGJCC) pues la ordenanza sustitutiva reprodujo casi íntegramente el texto impugnado, variando únicamente las tarifas. En segundo lugar, existían efectos ultractivos (art. 76.8 LOGJCC) dado que la norma derogada podía seguir produciendo efectos respecto de hechos generadores ocurridos durante su vigencia.
La inconstitucionalidad declarada por la Corte surte efectos hacia el futuro y alcanza también los procesos administrativos de determinación o cobro y procesos judiciales en curso, fundamentados en cualquiera de las dos ordenanzas. Esto implica que el GAD Arenillas no puede continuar con el cobro de la tasa de impacto ambiental que afectaba gravemente a productores acuícolas del sector.